Un delito informático, también conocido como ciberdelito, se refiere a cualquier acción antijurídica y culpable realizada a través de medios informáticos, con el objetivo de destruir, dañar o comprometer ordenadores, dispositivos electrónicos y redes de Internet. Dada la velocidad con la que la tecnología avanza en comparación con la legislación, surgen conductas delictivas mediante el uso de la informática que no encajan perfectamente dentro del marco de la «Teoría del delito». Estas acciones se definen como abusos informáticos, ya que los tipos penales tradicionales pueden resultar inadecuados para abordar las nuevas formas delictivas, dando lugar a la cibercriminalidad. Esta consiste en realizar actividades que cumplen con los requisitos del concepto de delito, utilizando elementos informáticos.
Los delitos informáticos comprenden actividades ilícitas que se cometen mediante el uso de computadoras, sistemas informáticos u otros dispositivos de comunicación, o que tienen como objetivo causar daños, provocar pérdidas o impedir el uso de sistemas informáticos. También conocidos como ciberdelitos, estos actos pueden considerarse atípicos, donde las computadoras son instrumento o fin, según Julio Téllez en su obra «Derecho Informático». A pesar de la capacidad de almacenamiento y recuperación instantánea de información, la seguridad informática no es infalible, y la complejidad de las medidas de protección no garantiza una defensa total.
La cibercriminalidad abarca delitos tradicionales como fraude, robo, chantaje y malversación de caudales públicos, en los cuales se utilizan ordenadores y redes como medio. Con el avance de la programación e Internet, los ciberdelitos se han vuelto más frecuentes y sofisticados. La Organización de Naciones Unidas identifica diversos tipos de ciberdelitos, incluyendo fraudes mediante la manipulación de computadoras, manipulación de datos de entrada y daños o modificaciones de programas o datos computarizados.
Existen leyes destinadas a la protección integral de sistemas que utilizan tecnologías de información, así como a la prevención y sanción de delitos cometidos contra estos sistemas. Sin embargo, la persecución de estos ilícitos presenta desafíos, ya que algunos ciudadanos no consideran delincuentes a los autores de estos delitos, y algunos perpetradores justifican su actividad con una filosofía que respalda un mundo más libre. Este es particularmente el caso de los hackers, quienes, basándose en la idea de acceso libre a la información, divulgan claves como parte de su actividad delictiva.
Hay varios acuerdos internacionales que abordan aspectos de la ciberseguridad y la protección de datos. Algunos de estos son:
Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia: es el primer tratado internacional que aborda los delitos informáticos y la ciberseguridad. Establece normas para la penalización de actividades como el acceso no autorizado, la interferencia en sistemas informáticos y la producción de malware.
Directrices de la OCDE para la Protección de la Privacidad y los Flujos Transfronterizos de Datos Personales: Emitidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estas directrices establecen principios para la protección de la privacidad y la gestión de datos personales en el ámbito internacional.
Declaración de Buenos Aires sobre la Ciberseguridad: Adoptada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), esta declaración establece principios y directrices para mejorar la seguridad cibernética en las Américas.
Directrices de Naciones Unidas para la Protección del Consumidor en el Contexto de los Servicios Sociales: Emitidas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), estas directrices abordan la protección del consumidor en el ámbito digital, incluida la seguridad de los servicios en línea.
Estrategia de Ciberseguridad de la Unión Europea: La Unión Europea ha adoptado una estrategia de ciberseguridad que busca fortalecer la resiliencia contra las amenazas cibernéticas y mejorar la cooperación entre los Estados miembros.
Resolución 53/70 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de Seguridad en la Utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Esta resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas destaca la importancia de la seguridad en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y alienta la cooperación internacional en este ámbito.
Aunque estas iniciativas proporcionan pautas y normas a nivel internacional, la implementación y aplicación de las leyes específicas dependen en gran medida de la legislación nacional de cada país. La ciberseguridad es un desafío global, y la cooperación internacional es esencial para abordar las amenazas cibernéticas de manera efectiva.
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